Los conflictos sociales no solo impactan económicamente en las empresas mineras, sino también en la población y regiones donde se desarrollan. (Foto: Agencia Andina)

Con el propósito de tener algunas variables de análisis que ayuden a la toma de decisiones de los funcionarios públicos y privados, la ONG Solidaritas Perú encargó al economista, abogado e investigador, César Reyna Ugarriza, un estudio sobre los Impactos Económicos de los Conflictos Sociales en el Corredor Vial Sur, ocurridos entre el cuarto trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2023; abarcando las regiones o ámbitos jurisdiccionales de Cusco, Arequipa y Apurímac, donde se concentran importantes proyectos mineros.

La revista Gobernanza Social entrevistó a César Reyna para que nos cuente sobre sus principales hallazgos.

¿En qué ayudará un estudio como este?

Este estudio ayudará a las empresas y funcionarios públicos a tener una mayor comprensión sobre los efectivos de los conflictos sociales en el plano económico al mostrar una serie de variables que dan luces sobre los impactos a nivel micro y macro, de modo que no solo se consideran cifras generales, sino la afectación concreta sobre la población o ciudadanos.

¿Cuáles son las principales empresas que han sido referenciadas?

Las empresas consideradas dentro de la investigación son MMG Las Bambas, Compañía Minera Antapaccay y Hudbay Minerals Perú, pertenecientes al denominado Corredor Vial Sur.

A nivel macro, ¿cuáles son los principales impactos económicos de los conflictos sociales en el IV trimestre de 2022 y I trimestre de 2023? ¿Cómo impacta esto en la economía peruana?

En cuanto a los impactos identificados en dichos periodos, tenemos los siguientes: la caída del empleo formal e informal en diversos sectores; directo, indirecto e inducido en minería; aumento de precios (inflación) por escasez de productos, reducción del impuesto a la renta y, por ende, del canon que se asigna a las regiones y municipalidades provinciales y distritales, descenso del pago de regalías que se obtienen de la venta de minerales, caída de las exportaciones, reducción o postergación de inversiones, endeudamiento o quiebras en pymes, aumento de la pobreza, contracción del PBI macrorregional y nacional, entre otros.

¿Cómo entendemos canon y regalías y cómo se ven impactados?

El canon y regalías representan dos conceptos distintos por su fuente origen. En el primer caso procede de la generación de renta por parte de las empresas mineras a lo largo de cada ejercicio contable, aunque se hacen pagos a cuenta de manera trimestral. Las regalías, por su parte, se obtienen como porcentaje preestablecido de las ventas generadas cada mes por los operadores mineros. Los valores van desde el 1 al 3% en función a criterios establecidos dependiendo del volumen de ventas o transferencias ejecutadas. La regalía no es un concepto tributario. Esta se paga como contraprestación económica creada por ley por la disposición de recursos naturales.

Se evidenció un mayor impacto en la generación de regalías, pues se devengan mes a mes, mientras que el canon deriva del impuesto de la renta que se paga anualmente, generalmente entre febrero y marzo.

¿Qué tipos de empleos existen y cómo se ven afectados cada uno de ellos?

Existen tres tipos de empleos, es decir, clases de trabajo que aparecen cuando se pone en marcha una operación minera: el primero de la planilla de la empresa y cuentan con todos los derechos y es el empleo directo; el segundo es el indirecto, que se genera por las actividades económicas conexas que brindan servicios u ofrecen bienes a las mineras como en el caso de los contratistas, quienes prestan distintos tipos de servicios dentro y fuera de la operación. Este es más numeroso en una proporción que va de 3 a 1 con respecto al empleo directo. Por último, tenemos el empleo inducido, que surge con consecuencia de la presencia de actividades mineras, pero no se encuentra tan vinculado al sector minero como el transporte, hotelería, alimentación, esparcimiento, telecomunicaciones, comercio, construcción, etc.

El empleo inducido es el de mayor impacto ¿por qué?

El empleo inducido es el más numeroso y el que sufre mayor impacto de manera casi inmediata, pues es altamente sensible a las afectaciones o recortes que se producen.

Para mencionar algunas cifras, en diciembre de 2022, 2384 espinarenses fueron contratados por la compañía Antapaccay. La empresa advirtió en enero del presente año (2023) que cerca de 20 mil personas redujeron notablemente sus ingresos al tratarse de empleo inducido. En la actualidad el 38.5% de la fuerza laboral (de un total de 2384 trabajadores) proviene de Espinar.

Hablemos de mypes ¿qué cifras tenemos?

Se calcula que más de 30 mil familias procedentes de diferentes asociaciones de comerciantes se asentaron en Chalhuahuacho para ofrecer servicios de hospedaje, lavandería, alimentación, transporte, etc., y se vieron sumamente perjudicados. Edward Palacios, presidente de la cámara, refiere que más de 200 empresas del distrito de Chalhuahuacho que brindan servicios a la minera se vieron afectados

El impacto en estos negocios fue enorme ya que, por ejemplo, un restaurante en dicha localidad ingresaba 500 soles diarios, pero sufrió una caída del 80% al vender solamente 100 soles al día. Cuando el proyecto opera con normalidad hay pedidos u órdenes de comida, pero cuando se realiza una paralización, no hay servicio.

Como consecuencia de ello, muchos micros o pequeños empresarios indicaron que tuvieron que despedir trabajadores ante la agobiante reducción de las ventas. En el caso de los hoteles, algunos promediaban un ingreso de 3 mil soles diarios, pero con los bloqueos llegaron a percibir solo 300 soles, una caída del 90%. Un costo social no identificado es el endeudamiento de los dueños o titulares de mypes afectados por conflictos sociales.

¿Cómo se ven afectadas las obras públicas y cierre de brechas sociales?

Las obras públicas son afectadas porque los gobiernos subnacionales reciben menores ingresos por el canon generado por las empresas mineras. Esto ha generado quejas por parte de los gobernadores regionales de Cusco y Apurímac, principalmente, pues ven mermados sus presupuestos y transferencias de recursos ordinarios. Ello conlleva a una menor generación de empleo en el sector construcción, uno de los más dinámicos en términos de empleo y afecta, indudablemente, el cierre de brechas sociales porque no se ejecutan las obras en salud, educación, transporte y saneamiento programadas. Sin contar que las paralizaciones impiden el desplazamiento de trabajadores, maquinaria y materiales para el avance de las obras.

¿Hay alguna relación entre la reducción de utilidades de una empresa e impacto en la economía local y compromisos sociales?

Sí, en efecto. La reducción de utilidades implica menos recursos económicos que pueden ser asignados a los apoyos directos solicitados por las comunidades. Esa capacidad se ve limitada según el tipo y tamaño de la empresa.

Sobre la economía local, una menor percepción de utilidades implica menores inversiones operativas o su postergación hasta tener una situación más clara. Por lo general, la incidencia de conflictos sociales retrasa a la ejecución de inversiones programadas, sea temporal o indefinida. Esto repercute negativamente en el empleo local, asunción de nuevos compromisos sociales, contratación con proveedores, etc.

Sobre este tema, ¿puedes darnos ejemplos muy concretos referidos Las Bambas, Antapaccay o Hudbay?

Cuando caen las utilidades de Antapaccay, por ejemplo, el fideicomiso del convenio marco de la provincia de Espinar se reduce automáticamente pues este fondo recibe hasta el 3% de las utilidades de la compañía.

¿Qué otros impactos microeconómicos pueden darse?

En el ámbito en el que se puede apreciar un mayor impacto sería en el sector de la construcción, tanto pública como privada, pues los bloqueos de vías impiden o restringen el libre tránsito de trabajadores, maquinarias e insumos como cemento, por ejemplo.

Ante la afectación en el empleo casi a nivel general, es segura una disminución en los ingresos por salarios de los trabajadores formales e informales, tanto los vinculados al sector minero como los no vinculados. Este descenso aún no ha sido cuantificado, pero se tiene por descontada la contracción del ingreso laboral por las paralizaciones y el impacto de la inflación, pues las mayores tasas de este fenómeno se registran en las regiones del sur.

La inflación es otro impacto asociado a los bloqueos de vías sobre el Corredor Vial del Sur, debido a que ocasionaron la escasez de diversos bienes e interrumpieron o dificultaron la prestación de muchos servicios públicos. El alza de los productos básicos que componen la canasta alimentaria ha golpeado a los más pobres y vulnerables del país, quienes ingresaron en una economía de plena subsistencia.

Es probable que ante esta situación haya disminuido el consumo calórico por persona, lo que podría impactar en un incremento en los niveles de anemia y desnutrición infantil, en madres gestantes y adultos mayores, principalmente, por encontrarse más expuestos.

También es posible que haya comenzado una espiral de endeudamiento masivo o colectivo ante la carencia de ingresos regulares.

El aumento de las solicitudes de crédito de consumo y préstamos para negocios no fue atendido por las entidades financieras debido a falta de garantías sobre el pago y la incertidumbre reinante sobre la culminación del paro y el inicio de la reactivación económica. Ante este escenario, es probable que varios grupos recurrieron a préstamos informales para afrontar gastos inmediatos y mantener a flote sus negocios.

Puedes descargar el estudio Impactos Económicos de los Conflictos Sociales en el Corredor Vial Sur haciendo clic aquí.

Entrevistado: César Reyna Ugarriza

Economista, bachiller en derecho e investigador en temas de comunidades, empresas extractivas, responsabilidad social, valor compartido y temas afines. Es panelista, ponente y recurso fuente en diversos eventos donde se analiza sobre la minería y el impacto en la población.

Ha ganado premios y reconocimientos por su trabajo de investigación sobre “Desarrollo humano, y mitigación/adaptación al cambio climático a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y cuenta con investigaciones en “Cálculo sobre la rentabilidad social de las empresas”, “La asociatividad como enfoque para la consolidación de empresas comunales “, entre otros.