El caso de la Comunidad Nativa Los Naranjos subraya la urgencia de revisar políticas públicas y garantizar la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. (Fuente: Agencia Andina)
La Comunidad Nativa Los Naranjos se encuentra ubicada en el distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, pertenece al pueblo indígena awajún, la misma que está afiliada a la Organización Aguaruna de San Ignacio – ORASI.
A inicios del año 2002, la CN Los Naranjos tuvo un conflicto territorial con el caserío Flor de Frontera, formado principalmente por colonos provenientes de la sierra y costa del país. Esta diferencia se generó porque la Dirección Regional Agraria de Cajamarca (DRA), en el marco del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) promovido por el Ministerio de Agricultura en zonas inhóspitas como las selvas fronterizas con Ecuador, habría otorgado título de tierras a colonos (agricultores y ganaderos) desconociendo que dichas tierras eran propiedad de la comunidad awajún Los Naranjos.
En 1998, la Fiscalía intentó retirar a las familias de Flor de Frontera, pero la población se opuso fracasando en el intento y, a pesar de que en el 2001 el Juzgado Mixto de San Ignacio logró el desalojo de la población con el apoyo de la policía, estos se volvieron a asentar ante la indignación de los awajún. Esta situación se repitió dos veces más ante el clamor de justicia de la comunidad.
Aunque este caso pareciera poco común, ocurre con cierta frecuencia en diversas partes del país, sobre todo en la zona andina y amazónica, donde los terrenos comunales están superpuestos o se ven invadidos por colonos, mineros y madereros ilegales u otros grupos organizados, convirtiéndose en una de las causales de conflictos sociales que muchas veces se mantienen en el tiempo.
“La gestión pública tiene un largo camino por recorrer en su proceso de comprender las diversas culturas, cosmosvisión y realidades dentro de un territorio”.
Siguiendo con el caso evocado, la CN Los Naranjos, con el apoyo de la organización indígena ORASI, elaboró varias documentaciones que fueron presentadas ante las autoridades competentes exigiendo la nulidad del título, la investigación de los autores y el desalojo de los invasores, advirtiendo varias veces que actuarían de acuerdo con sus usos y costumbres ancestrales.
Ni la Defensoría del Pueblo, la DRA, la Fiscalía u otra entidad gubernamental daban respuesta a los justos reclamos del pueblo awajún, quienes reiteraron sus advertencias hasta que la sangre llegó al río el 17 de enero de 2002, cuando los miembros de la Comunidad Los Naranjos decidieron recuperar sus territorios, desatándose una encarnizada lucha que algunos denominaron como “la masacre de Flor de Frontera”, donde perdieron la vida niños y adultos.
Luego de estos lamentables hechos, los medios de prensa local y nacional pusieron en primera plana lo acontecido y sus causales, volviendo los ojos hacia un pueblo olvidado y el pésimo accionar del Estado, un Estado fallido que no logró entender a su territorio y su gente.
Los familiares de las personas asesinadas del caserío Flor de Frontera, luego de ser desalojados, denunciaron y, después de algunos años, llevaron a prisión al entonces presidente de ORASI quien cumplió parte de la pena para luego salir en libertad.
Desde Lima se adjetivaron a los indígenas como salvajes o asesinos, creándose una corriente de opinión desfavorable y, aunque también generaron mesas de debate y reflexión en torno al caso, se puso en evidencia la incapacidad estatal por comprender las dinámicas territoriales, la importancia de las tierras y territorios.
No se sabe de procedimientos, sanciones o procesos penales contra algún funcionario público, aquellos que desde algún cómodo escritorio del gobierno regional decidieron redactar y emitir la Resolución Nº 735-97-RENOM/DSRAG-J (emitida por la desaparecida Región Nororiental del Marañón), que legalizaba a las familias colonas dedicadas a la agricultura y ganaderías para asentarse y explotar las tierras pertenecientes a la Comunidad Nativa Naranjos y que, posteriormente traería consigo los lamentables hechos narrados.
Garantizar el saneamiento físico legal de las comunidades es un hito importante, pero el desarrollo de estas comunidades es un siguiente escalón que se ve entorpecido al no contar con vías de acceso o proyectos productivos rentables y sostenibles, lo que puede terminar en el arrendamiento y, en el corto o mediano plazo, en la conformación de caseríos que posteriormente ya no quieran salir, desatándose nuevos conflictos y un costo social alto.
Queda claro que la gestión pública tiene un largo camino por recorrer en su proceso de comprender las diversas culturas, cosmovisión y realidades dentro de un territorio.
Lee la primera parte de este artículo escrito por Danny Nugkuag Cabrera: Hacia el diálogo intercultural
