Las mesas de diálogo se han desgastado en los últimos años. (Foto: Agencia Andina)
En el último reporte mensual de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, se precisa que, en julio de 2023, no se logró resolver ningún conflicto social, advirtiendo que a la fecha existen 109 conflictos sociales en proceso de diálogo y que, en el último año, solo se lograron resolver 12. Siguiendo esta lógica, en promedio, se necesitarían alrededor de 9 años para resolver los conflictos registrados hasta la fecha, sin contabilizar los venideros. Este ejercicio de matemática simple refleja un desgaste en las mesas de diálogo, cuyo uso indiscriminado solo ha logrado deslegitimar a las entidades estatales, empresas, comunidades y demás entes participantes en este proceso.
Las mesas de diálogo fueron establecidas como un mecanismo para propiciar un encuentro de buena fe entre las partes en conflicto donde, paralelo a la justicia ordinaria o procesos administrativos planteados por la entidad sectorial competente, las partes podían plantear sus propuestas e intentar resolver sus diferencias, logrando acuerdos que eran redactados en un acta.
En la mayoría de casos, el gobierno central asume la facilitación de estos espacios, convocando a los representantes de los sectores en conflicto. Sin embargo, la mesa de diálogo no es un mecanismo estatal exclusivo, existen casos donde las partes enfrentadas deciden llegar a acuerdos sin la mediación de terceros y se firma un acta donde se da por solucionado el tema.
Por ende, se debe entender que existe una relación intrínseca entre las mesas de diálogo y las actas que, en comunidades campesinas o nativas del Perú, son —o eran— un documento legitimado, ya que recaban las firmas de autoridades locales, representantes de empresas o del gobierno central, lo que muchas veces era concebido como un signo de legalidad documentaria, aun cuando este no encuentra amparo ante las leyes peruanas, puesto que el incumplimiento de un compromiso firmado entre dos partes no es causal de sanción.
Las mesas de diálogo y las actas que devienen de estas son mecanismos desgastados por tres razones principales: i) han perdido legitimidad porque algunos consideran que los acuerdos no se cumplirán. Esto se refuerza con el reporte de la Defensoría del Pueblo que señala que el 45,48% de los acuerdos logrados en las mesas de diálogo no se cumplen; ii) son usadas como estrategias que no se enmarcan necesariamente el principio de buena fe, convirtiéndose en una acción dilatoria para ganar tiempo en un conflicto y iii) terminan convirtiéndose en una plataforma política, con intereses particulares, donde participantes acreditados, lejos de aportar con soluciones, arremeten contra el gobierno y los procedimientos burocráticos que impiden la resolución inmediata de los puntos en controversia.
Esta reflexión a mano alzada de ninguna manera debe interpretarse como un ataque al funcionario público, los miembros de las comunidades, representantes de las empresas, autoridades locales o cualquier líder de la sociedad civil que haya sido elegido y esté habilitado legalmente para participar en una mesa de diálogo o firmar un acta; sino como un cuestionamiento al sistema en el que nos hemos encaminado y, que si no ponemos las barbas en remojo, pensaremos que aún es funcional.
Su constante uso inadecuado
Ejemplos de uso inadecuado de mesas de diálogo abundan, como cuando un alcalde exigió al gobierno central que establezca una mesa de diálogo para convocar diversos sectores que le financien y ejecuten obras que su deficiente gestión municipal no pudo realizar.
Otro uso impropio es la instalación de este mecanismo a plaza pública o con transmisión en vivo a través de redes sociales, lo que termina por exponer mediáticamente a políticos o líderes con intereses políticos, que lejos de coadyuvar con soluciones, acumulan demandas ajenas a la mesa, que luego servirán para sus campañas o para mantener vigencia política. Sobre lo expuesto, cabe un dicho cada vez más creciente: “No hay mejor campaña que liderar un conflicto social”. También es inapropiado instalar una mesa de diálogo para bajar la tensión sin respuestas reales a las demandas. Es inadecuado que se convoque al gobierno a mesas de diálogo con intereses particulares, donde se les invita a ser garantes o veedores de acciones que no calificaremos.
Es crucial recalcar que esta reflexión no abarca aquellas importantes, memorables y exitosas mesas de diálogo en las que sus miembros participaron con buena fe para alcanzar acuerdos que hoy perduran y se mantienen, inclusive, como casos de estudio.
No hay que olvidar que las mesas de diálogo y las actas fueron el mecanismo de consenso por excelencia de una etapa donde el enfoque para abordar la conflictividad social era reactivo, centralizado, sectorial y netamente direccionado en el detonador del conflicto, ergo, el propio conflicto. Sin embargo, lo que hoy se promueve es la prevención, descentralización e intervención multisectorial para el desarrollo territorial centrado en las causas estructurales, poniendo en valor el diálogo intercultural desde el propio territorio.
Debemos dejar de abrir mesas de diálogo por siempre y para siempre, pues los sectores ya están siendo desbordados y, en muy poco tiempo, no existirá una entidad gubernamental con la capacidad suficiente de monitorearlas o controlarlas; por lo que es urgente que remiremos los mecanismos de diálogo que usamos actualmente y podamos elevarnos al problema para tener una mirada reflexiva y crítica de estos, tratando de hacer una reingeniería de lo existente o pensar fuera de la caja, planteando nuevos mecanismos que respondan a las actuales circunstancias y enfoques pero que, a su vez, logren la legitimidad alcanzada en algún momento por las mesas de diálogo.
