La inclusión laboral y económica local fomenta la integración comunitaria y genera un impacto positivo en los proyectos de inversión. (Fuente: Agencia Andina)

La Contraloría General de la República en su reciente reporte de obras paralizadas a setiembre de 2024, informa que en el país existe un total de 2,648 obras paralizadas con un importe de inversión ascendente S/ 43 mil 555 millones y un saldo por ejecutar ascendente a S/ 19 mil 178 millones. De este total, 119 obras están interrumpidas por temas de carácter social que pasan por conflictos sociales y falta de permisos como la “licencia social”. Frente a este problema, en el presente planteo la necesidad de incluir un plan de gestión social como herramienta clave para el rescate de estos proyectos.

Es importante recordar que con la llegada de la inversión privada en el sector minería e hidrocarburos, desde los años 90 en adelante, el Perú experimentó una serie de problemas sociales que desencadenaban conflictos sociales, es por ello que, desde el Estado y sector privado, se adoptaron estrategias de carácter e índole social para reducir y mitigar los riesgos sociales y mejorar los procesos de comunicación entre los actores comunales, empresariales y estatales, abriendo las puertas a la gestión de las relaciones comunitarias.

Actualmente, y ante la coyuntura, los proyectos privados de mediana y gran envergadura en su estructura organizacional cuentan con un Equipo Social que tiene por encargo: (i) la creación de una línea de base social en el diseño del proyecto, y (ii) la gestión de las relaciones comunitarias en la etapa de producción, hasta el cierre de sus proyectos. Ese modelo y sus buenas prácticas, que tuvo sus inicios en el sector privado, es imitado actualmente en los proyectos de infraestructura de inversión pública de gran envergadura.

En los últimos años, por ejemplo, la incorporación de especialistas sociales en los megaproyectos que ejecuta el Estado Peruano a través de proyectos Gobierno a Gobierno (G2G) y contratos fast-track, permite que estos se desarrollen dentro de los plazos programados sin paralizaciones por motivos sociales, reduciendo además la perdida de horas hombre y horas máquina que finalmente se traducen en un ahorro en costo y plazo para el Estado.

Los mencionados proyectos contemplan en su diseño la ejecución de un plan de gestión social, denominado el “Plan de la Buena Vecindad y Relaciones Públicas” que, en buen cristiano, se resume a una serie de programas que permiten que el proyecto se comunique con los stakeholders a fin de mitigar paralizaciones en las actividades programadas.

“Este modelo de gestión social no solo debería ser aplicado en megaproyectos, sino que debería alcanzar a todos los proyectos de inversión de carácter público”.

El Plan de la Buena Vecindad incluye en sus programas una serie de actividades de comunicación directa y permanente que se ejecuta a través de visitas domiciliarias, reuniones informativas y capacitaciones, cuyo objetivo es mantener contacto frecuente con las partes interesadas. Este plan de gestión social además contempla un programa de quejas, reclamos y sugerencias que deben ser atendidas y gestionadas en plazos breves para evitar un escalamiento del problema social.

Del mismo modo, también se encarga de promover la inclusión de oportunidades laborales y compras locales con los vecinos de la zona, a través de un programa de empleo local y un programa de oportunidades de negocios, generando un ciclo virtuoso en el que se involucra a las comunidades vecinas en la producción y proveeduría local.

De lo citado líneas arriba, este plan se complementa con un programa de gestión de conflictos sociales que, a mi modo de ver, es el corazón de la gestión social, pues tiene que evitar la interrupción del ciclo de producción del proyecto por motivos sociales. Para ello realiza evaluaciones constantes de los actores, identificando las posibles demandas del entorno del proyecto y articulando esfuerzos con las autoridades y tomadores de decisiones para mitigar y atender las demandas, siempre que estas estén directamente vinculadas al proyecto.

A través de esta ventana sugiero que este modelo de gestión social no solo debería ser aplicado en megaproyectos, sino que debería alcanzar a todos los proyectos de inversión de carácter público en los gobiernos locales, regionales y nacional, pues permitiría su culminación, así como satisfacer las necesidades de la población beneficiaria, cerrando las brechas de infraestructura que el país demanda.