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Las brechas sociales en el Corredor Vial Sur
El director de la Revista Gobernanza Social introduce a la segunda edición, resaltando la investigación realizada por la Patricia Balbuena sobre la desigualdad en el CVS.
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(Foto: Agencia Andina)

Quienes han transitado por los distritos y comunidades del Corredor Vial Sur o Corredor Minero del Sur, una franja geográfica que enlaza partes de Cusco y Apurímac, donde se desarrollan tres importantes empresas mineras de nuestro país: Las Bambas (Apurímac), Hudbay y Antapaccay (Cusco), se han preguntado: ¿Por qué no observamos un desarrollo adecuado en estas regiones a pesar de los ingresos generados por el canon minero?

De acuerdo con el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto municipal para el año 2023 en los principales distritos del área de influencia de los proyectos mineros mencionados se compone de dos conceptos: el canon, sobrecanon y regalías, y los recursos ordinarios (recaudación tributaria y otros conceptos). Chalhuahuacho (Apurímac) ha recibido S/ 146,609,000 millones de soles por el primer concepto, en comparación con los S/ 10,008,800 millones de soles obtenidos por recursos ordinarios. Livitaca (Cusco) ha recibido S/ 59,944,000 millones de soles por el primer concepto y S/ 19,590,600 millones de soles por recursos ordinarios. Espinar (Cusco) ha recibido S/ 185,490,000 millones de soles por conceptos relacionados con el primer rubro y S/ 3,188,860 millones de soles asociados al segundo rubro. En resumen, estos municipios están recibiendo una considerable cantidad de dinero procedente de la actividad minera.

En este contexto, Solidaritas Perú encargó a Patricia Balbuena Palacios una investigación en los distritos del Corredor Vial Sur para comprender cómo se está abordando el cierre de las brechas sociales y en qué se está invirtiendo el dinero.

Este estudio se aparta del enfoque tradicional de medir la pobreza en términos de ingresos monetarios y se centra en el análisis de carencias: esas barreras que excluyen a las poblaciones y evitan que superen la línea de pobreza. Se refiere a servicios básicos de calidad, como electricidad, saneamiento, educación, nutrición, salud, identidad, vivienda y conectividad, entre otros. La investigación sugiere que el dinero en los bolsillos de la población no es suficiente si no se logran cerrar estas brechas sociales, ya que “la pandemia y la crisis sanitaria que trajo consigo demostraron que los ingresos no salvan vidas; sin acceso a servicios de salud con capacidad de atención e infraestructura adecuadas y cercanas, el dinero carece de utilidad.”

Aunque los índices de desarrollo indican que Espinar (Cusco) y Chalhuahuacho (Apurímac) son los distritos que más han avanzado en alejarse de los niveles más altos de pobreza, aún no han alcanzado la prosperidad, y el desarrollo es desigual en los distritos vecinos que forman parte del área de influencia de estos proyectos mineros.

Este estudio también menciona lo señalado por Milton Von Hesse, quien afirma que, entre 2004 y 2022, la minería generó S/ 79,000 millones de dólares para los gobiernos regionales y locales en concepto de canon y regalías, pero no se hizo un uso adecuado de estos recursos económicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas. En la misma línea, Balbuena hace referencia al análisis de COMEX para el período 2008-2021, que indica un uso desigual de los fondos del canon, sobrecanon y regalías, con una mayor inversión en cultura y deporte que en salud. Esto ha llevado a la existencia de distritos con mejores estadios que centros de salud.

A pesar de las limitadas competencias de los gobiernos locales, muchas municipalidades distritales reciben más presupuesto que las provinciales y tienen la capacidad de invertir en cerrar las brechas sociales, especialmente en la atención integral a la primera infancia, que muestra indicadores negativos en esta zona.

Por tanto, desde Gobernanza Social, seguiremos promoviendo opiniones constructivas y presentando propuestas técnicas que podrían convertirse en una hoja de ruta para los gobiernos locales de esta región del país.

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