Priorizar la prevención en la gestión de conflictos es crucial para construir un diálogo efectivo y soluciones duraderas. (Fuente: Diario Oficial El Peruano)
Históricamente, el Estado ha respondido a los conflictos sociales únicamente cuando estos alcanzan niveles críticos. En una reciente edición, destacábamos la importancia de los Comités de Prevención y Gestión de los Conflictos Sociales instalados por el Ministerio del Interior en cada departamento, y cómo estos contribuyen a gestionar los conflictos en los territorios. Con la Resolución Ministerial Nº308-2024-PCM, se marca un hito histórico en el abordaje de los conflictos sociales en el país, al reconocerse la necesidad de formular una política nacional multisectorial que priorice la prevención y gestión de los conflictos. Este enfoque preventivo busca romper con la tradicional gestión reactiva a la que algunos sectores están acostumbrados.
El proceso transformador de establecer esta política nacional ha sido liderado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la PCM, a través de su Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información. Esta iniciativa se fundamenta en los altos índices de conflictividad social que afectan el ejercicio de los derechos de las personas en el territorio nacional.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) emitió una opinión favorable para la elaboración de esta política, que debe sustentarse en un marco normativo claro, con responsabilidades definidas, metas concretas e indicadores de desempeño y resultados. Asimismo, es imprescindible garantizar los recursos humanos, técnicos y, sobre todo, financieros, para que esta política revierta los índices de conflictividad social identificados.
“La política debe atender las particularidades territoriales sin perder su enfoque integral, garantizando soluciones duraderas”.
Para la formulación de esta política nacional multisectorial, se ha creado un grupo de trabajo de carácter temporal con los representantes de los ministerios de Energía y Minas (MINEM), Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Salud (MINSA), Interior (MININTER), Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Ambiente (MINAM), Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y Defensoría del Pueblo. Resulta deprimente la ausencia de algunos sectores clave en este grupo de trabajo, como el Ministerio de Cultura (MINCUL), ente rector en materia de pueblos indígenas y originarios.
Es crucial recordar que los conflictos sociales relacionados con estos pueblos no siempre se resuelven mediante la Ley de Consulta Previa. Por el contrario, esta ley a menudo abre nuevos frentes de debate, como la participación del MINCUL, entidad que reconoce y protege la diversidad cultural del país, por lo que es indispensable para el éxito de esta política nacional.
Los conflictos sociales son fenómenos complejos que requieren respuestas integrales, por lo que la Política Nacional Multisectorial de Prevención y Gestión de los Conflictos Sociales representa una oportunidad para retomar la confianza ciudadana en los mecanismos de diálogo, mediación y acuerdos. Esto es un gran desafío debido a que la política debe atender las particularidades territoriales sin perder su enfoque integral, garantizando soluciones duraderas que beneficien a todas y todos los peruanos.
